¿Cómo acceder a la pensión por discapacidad total? El derecho a la accesibilidad de cualquier persona es uno de los más fundamentales e indiscutibles que pueden existir, especialmente para las que cuentan con alguna diversidad funcional. De hecho, existe una ley que protege especialmente a este grupo de personas: la ley general de los derechos de las personas con discapacidad o LGDPD (RD Leg 1/2013). Se trata de uno de los pasos más importantes a nivel legal para garantizar la igualdad, libertad y dignidad de todos los seres humanos que vivan en territorio español.
Sin embargo, la realidad no tiene porqué reflejar siempre la ley. Por ello, hoy vamos a entender en qué consiste esta para que podamos exigir los derechos y las pensiones de las personas que cuidemos o de familiares que tengan diversidades funcionales. Es fundamental saber a qué podemos acogernos para reclamar lo que por derecho les toca. ¡Vamos allá!
¿En qué consiste esta ley?
Esta ley se basa en el concepto de accesibilidad para las personas con diversidad funcional, reconociendo que ciertos obstáculos limitan su libertad y les hace más difícil conseguir igualdad y dignidad con personas que no poseen sus mismas condiciones. Por ello esta ley propone medidas para eliminar estas barreras.
La accesibilidad, al fin y al cabo, busca que el diseño y el uso de espacios y servicios tengan siempre en cuenta las necesidades específicas de todas las personas. Al eliminar estas barreras, se fomenta la igualdad de oportunidades y se rompen los modelos segregacionistas que han afectado a aquellos con diversidad funcional.
En el año 2000 se publicó una ley en la que se especificaron los grados de discapacidad y minusvalía. Se reconocen 5 grados distintos dependiendo de la incapacidad de movilidad:
- Grado 1: discapacidad nula (0% de discapacidad). La persona experimenta una lesión que no afecta a su capacidad para realizar actividades cotidianas.
- Grado 2: discapacidad leve (hasta un 24%). La lesión o sus consecuencias suponen cierta dificultad en las tareas diarias, aunque la persona puede desenvolverse satisfactoriamente.
- Grado 3: discapacidad moderada (hasta un 49%). La lesión o sus secuelas hacen que la persona no pueda llevar a cabo fácilmente sus actividades diarias, pero puede cubrir sus necesidades básicas sin ayuda (higiene, alimentación, etc.).
- Grado 4: discapacidad grave (hasta el 70%). La persona enfrenta dificultades tanto para seguir con su vida diaria por sí misma como para realizar actividades básicas de cuidado personal.
- Grado 5: discapacidad muy grave (más del 70%). La lesión y sus consecuencias tienen un impacto significativo en todos los aspectos de la vida de la persona, impidiéndole ser independiente.
Personas protegidas por la Ley de Discapacidad
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (LGDPD), como hemos explicado antes, está destinada a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. La protección desde el punto de vista del Estado se centra en la eliminación de obstáculos que puedan dificultar su participación plena en la sociedad, buscando que tengan las mismas condiciones de igualdad que el resto. Por eso, en virtud del artículo 4 de la LGDPD, el colectivo abarca:
- Personas con deficiencias permanentes físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que impidan su participación efectiva en la sociedad por culpa de diversas barreras.
- Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (se incluyen pensionistas de la Seguridad Social por incapacidad permanente en grados de total, absoluta o gran invalidez y/o pensionistas con una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio).
¿Qué es la incapacidad permanente total?
En vez de ir directamente a los beneficios asociados a ser pensionista bajo esta condición, es esencial comprender qué implica la incapacidad permanente total y cuándo es posible solicitar su reconocimiento. Este tipo de incapacidad la otorga la Seguridad Social y está definida como aquella que limita a un trabajador llevar a cabo total o parcialmente las responsabilidades principales de su ocupación habitual. No le impediría sin embargo, realizar otro tipo de trabajo.
Surge entonces una pregunta: ¿qué se considera ‘ocupación habitual’? Si hablamos en el contexto de una incapacidad permanente total causada por una enfermedad común, esta sería el trabajo que se ha desempeñado durante los últimos 12 meses. Una incapacidad derivada de un accidente (independientemente de si ocurrió en el entorno laboral), se referiría al trabajo que se estaba realizando en el momento del incidente.
Es normal que cada cierto tiempo la persona que ha solicitado y se le ha concedido la incapacidad total tenga que pasar por una revisión para comprobar que la situación no ha cambiado y que sigue requiriendo ayuda. Ahora bien, teniendo en cuenta la palabra ‘total’, normalmente esta incapacidad es para toda la vida. Sin embargo, es posible que se den situaciones que conduzcan a la retirada de dicha incapacidad:
Algunas razones
- Si se descubre que la persona beneficiaria ha adquirido la prestación de manera fraudulenta
- Si la situación de incapacidad ha empeorado debido a imprudencias por parte de la persona
- Si la condición de incapacidad se ha agravado debido al abandono del tratamiento y la rehabilitación o el paciente ha rechazado someterse a ellos
- Cuando la persona se ha recuperado por completo
- Si la persona beneficiaria fallece
- Por el inicio de la pensión de jubilación
- En una revisión obligatoria llevada a cabo por la entidad gestora
Para que podamos entender quién tiene derecho a la discapacidad total y, habiendo visto ya los grados, se considera que cualquiera con una incapacidad permanente total reconocida recibirá automáticamente el grado de discapacidad del 33%. Este es el procedimiento habitual, pero dependiendo del estado de la persona es posible que se le asigne un grado superior.
La solicitud de la pensión por incapacidad permanente total puede gestionarse tanto de manera presencial como a través de Internet. Para ello, simplemente se debe proporcionar esta documentación en la Dirección Provincial del INSS correspondiente al domicilio de la persona beneficiaria. Si quieres realizar el trámite telemáticamente, tendrás que acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
Cómo calcular la pensión por incapacidad permanente total
El cálculo se realiza aplicando un porcentaje a la base reguladora correspondiente de la persona beneficiaria, dependiendo de si la incapacidad proviene de una enfermedad común, de un accidente laboral o de uno no laboral. Será fundamental determinar con anterioridad la base reguladora de la incapacidad permanente total para definir el monto de la pensión final. Veamos cómo se calcula:
Si la incapacidad es a causa de una enfermedad común:
- Si la persona tenía entre 52 y menos de 65 años en el momento del hecho, se tendrán que dividir las bases de la cotización durante los 96 meses anteriores al mes anterior del hecho. El resultado se multiplica por el porcentaje correspondiente según los años cotizados.
- Si la persona tenía menos de 52 años en el momento, se realiza el mismo proceso pero se divide la suma de las bases mensuales de cotización por el número de meses requeridos para el período mínimo de cotización.
- Si en el momento de la enfermedad la persona tenía 65 años o más y no cumple los requisitos para la pensión de jubilación, se dividirán las bases de cotización durante los 96 meses previos al mes anterior por 112.
Si la incapacidad es a causa de un accidente no laboral: Se dividirán por 28 la suma de las bases de cotización durante un período ininterrumpido de 24 meses. Este puede elegirse dentro de los últimos 7 años previos a lo que produjo la incapacidad.
Si la incapacidad es por un accidente laboral o una enfermedad: La base reguladora se calculará utilizando los salarios reales sin superar el tope máximo ni ser inferior al tope mínimo de cotización vigente en el momento de la incapacidad. La suma de los elementos que conformen las pagas de un trabajador se dividirá entonces por 12.
Personas que pueden pedirla
Para obtener los beneficios de la incapacidad permanente total será necesario presentar una solicitud para que se reconozca esta asistencia. Se tienen que cumplir 3 requisitos mínimos para pedir dicha pensión: no tener acceso a la pensión de jubilación, estar afiliado o dado de alta en la Seguridad Social y haber cotizado anteriormente en caso de que la incapacidad sea a causa de una enfermedad común. Dependiendo de la edad en el momento de solicitar la ayuda, se requerirá un tipo específico de cotización:
- Si la persona es menor de 31 años, tendrá que haber cotizado al menos un tercio del tiempo transcurrido entre que cumplió los 16 años y el momento del hecho causante.
- Para personas con o mayores de 31 años, es necesario haber cotizado al menos un cuarto del tiempo transcurrido entre el cumplimiento de los 20 años y el momento de la aparición de la discapacidad, con un mínimo de 5 años de cotización.
Una quinta parte de ese tiempo de cotización tendrá por obligación que haberse realizado en un tiempo concreto:
- Si se está bajo la obligación de cotizar, se tendrá que haber cotizado durante los últimos 10 años previos al momento del hecho causante.
- Si se accede a la pensión desde una situación donde no existe dicha obligación, es necesario haber cotizado durante los últimos 10 años previos a la fecha en la que finalizó la obligación de cotización.
El trámite de solicitud viene, eso sí, acompañado de ciertas ventajas de las que disfrutará la persona:
Ventajas económicas
La pensión proporciona un ingreso mensual para cubrir gastos y necesidades básicas, ofreciendo estabilidad financiera a las personas con discapacidad total.
Asistencia médica
Se suele contar con cobertura médica y acceso a tratamientos específicos para la condición de la persona solicitante.
Apoyo a la independencia
Como la pensión ayuda a las personas con discapacidad total a mantener cierto grado de independencia financiera y personal, fue está al mismo tiempo fomentando la independencia en estos aspectos de los individuos para que puedan seguir con su día a día de la forma más autónoma posible.
Acceso a otros beneficios
Además de la pensión, los beneficiarios pueden disfrutar de otros beneficios sociales o ayudas, como asistencia en el transporte, acceso a programas de formación o empleo, etc.
Protección familiar
En algunos casos, esta ayuda puede extenderse a familiares dependientes para ofrecer un respaldo económico que beneficie a toda la familia.
Sabemos que todas estas ventajas a menudo resultan de poco consuelo debido a la dura vida que pueden llevar los familiares, amigos o personas a nuestro cargo que tengan una discapacidad total, pero sí es cierto que ofrece un soporte fundamental para enfrentar muchos desafíos diarios a los que se enfrentarán. Por eso cualquier protección es poca para nuestra familia.
De ahí que en Durcal quisiéramos ir un poco más allá y ofrecer un servicio de asistencia 24 horas que también incluya a los familiares y/o a los cuidadores: nuestro reloj de teleasistencia es capaz de comprobar las constantes vitales y avisar a la ambulancia y a la policía con un solo botón. Nuestra aplicación permite que la familia esté pendiente de la persona en todo momento: podrán recibir alertas de cualquier problema y recibir avisos en tiempo real. Si quieres saber más sobre nuestro reloj y te apetece probarlo gratis durante un período, solamente tienes que hablar con nuestro equipo y explicarle la situación de la persona y de la familia para la que va este pequeño acompañante, que puede salvar vidas.
